El país permitió el aborto en casos terapéuticos durante gran parte del siglo XX, pero fue prohibido al final de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).
Tras el regreso de la democracia, los gobiernos de la coalición de centro izquierda Concertación han mantenido la prohibición. Hace unos días, el portavoz del Gobierno, Francisco Vidal, dijo que Bachelet no tiene contemplado permitir el aborto terapéutico durante su mandato, que concluye en el 2010.
En enero de 2007 la presidenta chilena, Michelle Bachelet, firmó un decreto para que se distribuya, gratuitamente, en todo el país “la pastilla del día después” (píldora anticonceptiva de emergencia), pese al rechazo de la Iglesia Católica y la oposición, quienes la consideran abortiva.
En abril de 2008 el poder de las fuerzas conservadoras, también presente en el sistema legislativo, terminó en un fallo del Tribunal Constitucional, que declara inconstitucional la entrega de la "píldora del día después" en el sistema público.
La presidenta chilena, Michelle Bachelet, dijo “no creo en la equidad segmentada, no creo en la equidad parcelada, creo en los derechos, pero insisto en que vamos a cumplir el fallo”. "Seguiremos apoyando a las mujeres para que puedan tener una vida como se merecen", añadió.
Según la mandataria éste es un "duro golpe para las mujeres que se atienden en los servicios de salud", por lo que el Gobierno realizará un estudio sobre los argumentos dados a conocer por el TC para emitir su fallo.
El Gobierno, si bien, ya ha anunciado que va a aceptar el fallo, que pone fin a la distribución de la "píldora" en los recintos públicos; permite que el medicamento pueda seguir siendo recetado por los médicos. Preguntamos: ¿para qué? ¿para que las mujeres que vayan con una receta sean violentadas porque están decidiendo sobre su cuerpo? Que parece que no es de ellas, sino del Estado, de la Iglesia y de quién considere que puede decidir por otra spersonas.
La venta de la píldora en las farmacias ya ha abierto una polémica, según informa la prensa. La resolución del TC señala que tanto los órganos del Estado, como toda persona, institución o grupo se encuentran en el imperativo de acatar la decisión del Tribunal Constitucional, porque ha ejercido la tarea que el propio Constituyente le ha confiado de velar por la supremacía, sustantiva y formal, de la Carta Fundamental.
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