Guatemala es uno de los países del mundo con más elevado índice de violencia contra las mujeres, con unos cuatro mil crímenes registrados desde el 2000. Recientemente el Grupo Guatemalteco de Mujeres denunció que de las 2.887 muertes violentas de mujeres registradas en el período 2000-2006, 916 pueden clasificarse como femicidio, de 211 se sospecha que fueron femicidios y 1511 asesinatos de mujeres no pudieron determinarse si se trataba de femicidios o no por carecer de información para determinarlo.
El dato permite describir una situación de vulnerabilidad e impunidad para las mujeres en una sociedad que da cuenta de su fuerte raigambre patriarcal.
Como contrapartida y como una señal que puede interpretarse como un buen augurio se condenó a un hombre por violentar físicamente a su compañera en el marco de la ''Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer'' en vigencia aprobada desde mayo del 2008.
Calixto Simón Cun, de 37 años, fue condenado el pasado 7 de febrero a cinco años de prisión por los delitos de femicidio. El agresor fue capturado el 2 de junio de 2008 cuando golpeaba a Vilma de la Cruz, su pareja de 34 años.
Detalles sobre la norma
En abril pasado, el Congreso guatemalteco aprobó una ley que establece penas de hasta 50 años de prisión a quienes asesinen a mujeres, por el simple hecho de serlo y sanciona con severidad cualquier tipo de violencia de género.
La norma define al femicidio como ''el asesinato de una mujer en el marco de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres'' apuntando al núcleo que permite el sostenimiento de una situación que a simple vista no tiene explicación alguna, motivo por el cual se los define como crímenes pasionales. Pero además establece penas entre los 25 y los 50 años de cárcel para los femicidas, considera la violencia en sus múltiples formas, ordena la creación de hogares para las víctimas de violencia, una fiscalía y juzgados específicos para estos delitos.
La ley especifica en su artículo primero que se propone garantizar la vida, la libertad, la integridad, la dignidad, la protección y la igualdad de todas las mujeres ante la ley, particularmente cuando por condición de género, en las relaciones de poder o confianza, en el ámbito público o privado quien agrede cometa en contra de ellas prácticas discriminatorias o de menosprecio a sus derechos.
Al referirse a las distintas formas de violencia que se ejerce sobre las mujeres incluye la violencia física, sexual, psicológica y económica.
Al referirse a las obligaciones del Estado en la materia indica que debe fortalecer las dependencias encargadas de la investigación criminal, de crear órganos jurisdiccionales especializados, y centros de apoyo integral para la mujer sobreviviente de violencia, de fortalecer la institucionalidad, de capacitar a sus funcionarios y de dar asesoría legal a las víctimas.
En su génesis el proyecto, hoy convertido en ley, fue impulsado por un grupo de veinte legisladoras que lograron que la iniciativa fuera aprobada por unanimidad (112 de los 158 legisladores que participaron de la sesión ordinaria del Congreso dieron su apoyo).
El mérito no es solo de las legisladoras que motorizaron la iniciativa sino de las organizaciones de mujeres que constantemente denunciaron la sistematización de asesinatos de mujeres por el solo hecho de serlo hasta lograr que se incluyera en la agenda de organismos internacionales y medios de comunicación expresando la situación que afecta a más de la mitad de los 14 millones de habitantes que tiene Guatemala.
En el escenario de factores que incidieron en la visibilización de la violencia machista del país centroamericano jugaron y juegan un rol importante los medios de comunicación, sobre todo aquellos pensados desde una perspectiva de género que rompieron con la costumbre periodística de describir los femicidios como hechos policiales y los presentaron como emergente de una sociedad culturalmente machista.
Si bien su aplicación depende de la voluntad política de todas las instituciones del Estado visibiliza y reconoce la violencia - en su grado más extremo el femicidio- a la que son sometidas las ciudadanas guatemaltecas.
''Si bien esa ley es oportuna, aquí todavía no se desarrolla una amplia campaña de difusión a favor de la vida sin violencia contra las mujeres'', señala Rosalinda Hernández Alarcón, co-editora de la publicación feminista La Cuerda.
La periodista agrega que ''los medios tradicionales reportan los casos de asesinatos de mujeres, pero todavía los reporteros desconocen cuando esos hechos se pueden calificar de femicidio o no. Las estadísticas que existen todavía son muy deficientes, y los agentes policíacos siguen manejando el término 'crimen pasional', que desdibuja casos de violencia de género''.
Vilma De la Cruz representa a miles de mujeres no solo guatemaltecas, que cotidianamente circulan en un espiral de violencia que muchas veces las lleva a la muerte.
La víctima relató que el 2 de junio de 2008 Cun estaba ebrio y tras encerrarla en un cuarto la golpeó y la amenazó con matarla si terminaba la relación, uno de sus cuatro hijos logró salir de la casa y pedir ayuda.
Vilma De la Cruz sufrió golpes graves en su pierna izquierda, cabeza y cuello, por lo que fue trasladada a un hospital.
Aunque la condena a su golpeador es mínima, se aplicó la pena menor establecida en la norma y no de doce años como lo solicitó la Fiscalía contra la Mujer, constituye un antecedente para reducir los actos de violencia contra las mujeres dado que la impunidad es el caldo de cultivo para que conductas culturalmente aprendidas se reiteren cotidianamente.
Jugó a favor de Sixto Cun el hecho de ser procesado judicialmente por primera vez, aunque seguramente no era la primera vez que maltrataba a la mujer.
La fiscal que intervino en el caso, Yolanda Sandoval, según consigna las informaciones periodísticas, apelará la sentencia.
Sandoval que encabeza la Fiscalía de Delitos contra la Mujer, precisó que se investigan más de 2.000 denuncias similares a las de Vilma de la Cruz. Por otra parte, el Instituto Nacional de Defensa Pública, del Poder Judicial, informó que el año pasado atendió a 22.737 mujeres que sufrieron algún tipo de agresión por parte de hombres, en su mayoría sus parejas o familiares.
El informe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala indicó que este país centroamericano ocupa el tercer lugar a nivel latinoamericano en muerte contra mujeres, sólo superado por México y El Salvador.
Los datos aportados por la citada comisión internacional indican que los ''femicidios'' deben analizarse desde la perspectiva epimédica, ya que reflejan una conducta social anómala en la que las mujeres son asesinadas por el simple hecho de serlo, lo cual refleja altos niveles de discriminación*, pero además establece que el 98% de los femicidios que se cometen año a año en Guatemala quedan en la impunidad.
Si bien existen en Guatemala organizaciones de mujeres, como señala, Rosalinda Hernández Alarcón, ''que tienen en sus acciones la denuncia contra las mujeres, de todo tipo. Sin embargo, se sigue poniendo el acento de ubicarlas como víctimas, desdibujando a los victimarios. En La Cuerda pensamos que ya es momento de poner a los agresores en el centro de la información, junto a los operadores de justicia que trabajan tan deficientemente lo que les garantiza la impunidad a los victimarios. Es importante recordar que éstos no son psicopatas, sino hombres violentos, que caminan tan tranquilos sin ser señalados''.
Guatemala es un espejo para mirar la situación argentina, para aprender los logros que con mucho esfuerzo se han conseguido y priorizar las cuestiones que con premura deberán resolverse: un marco legal acorde a la situación, voluntad del sistema político para aplicarla, registros claros y oficiales de la violencia de género y la convicción de que deben modificarse pautas culturales a través de la educación formal.
*La redacción de este artículo fue posible por la información facilitada por las colegas Ana Bustamante, Rosalinda Hernández Alarcón (co-editora de la publicación feminista la Cuerda) y Melissa Vega (Cerigua)
Artemisa Noticias
