27.11.2008
Clarín.com - Sociedad
Votaron la iniciativa después de críticas al Estado por parte de organizaciones civiles.
Por: Sibila Camps
Por unanimidad, el Senado aprobó ayer un proyecto de ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. La media sanción se produjo al día siguiente de que organizaciones civiles e internacionales hicieran severas críticas al Estado, por los altísimos niveles de violencia de género, que se ven reflejados, como expresión extrema, en los 172 femicidios de este año.
Tras arduas negociaciones para superar diferencias parciales, todos los bloques acordaron un texto común a partir de diez proyectos, ocho de ellos elaborados por senadoras. La iniciativa da una respuesta plena a los compromisos asumidos en la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres, que la Argentina había ratificado hace ya doce años.
En el proyecto se reconocen cinco tipos de violencia: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, y simbólica. Y se describen seis modalidades: violencia doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática.
El proyecto no sólo apunta a la atención de las mujeres y niñas víctimas de la violencia, sino también a la prevención. Por eso parte del concepto de que la violencia de género es consecuencia de la discriminación, por lo que muchas de las disposiciones apuntan a "la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida".
En ese sentido hace hincapié en modificaciones de fondo en el sistema educativo, tanto en las currículas como en textos escolares, en la capacitación de los docentes en todos los niveles y en la inclusión de la perspectiva de género en la formación de las fuerzas armadas y de seguridad.
Otro aspecto destacable es el abordaje y la asistencia interdisciplinarias del problema y de las víctimas, para lo cual la futura ley exige recursos económicos y da amplia participación a la sociedad civil. Si bien el Consejo Nacional de la Mujer será el organismo competente, se plantean obligaciones a cada ministerio. Ese organismo deberá crear un consejo consultivo y un Observatorio de la Violencia contra las Mujeres, para evaluar las políticas públicas y proponer nuevas medidas, e implementar campañas permanentes.
De sancionarse el proyecto, las víctimas de la violencia de género podrán recibir asistencia gratuita en salud (incluidos sus hijos, si fueron testigos), recursos económicos, alojamiento, inserción laboral y patrocinio jurídico. Podrán denunciarlo, ellas o terceras personas, en cualquier juzgado de cualquier fuero, y hasta pedir reparación por daños y perjuicios.
http://www.clarin.com/diario/2008/11/27/sociedad/s-01811090.htm
Ahora, la prevención
Mabel Bianco. Presidenta de FEIM
Este proyecto hace pie en problemas estructurales de nuestra sociedad -una sociedad patriarcal-, como lo es la ausencia de poder de mujeres y niñas. Dependerá de las mujeres y de la voluntad política que tengan una resolución rápida.
Nos permitirá empezar a trabajar para hacer una política pública de prevención, más que de atención de las víctimas. En ese sentido es valiosa la creación del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres, para controlar la implementación de la ley.
Los procedimientos judiciales previstos permiten facilitar y garantizar el acceso gratuito a la justicia y dar amplia y rápida protección a las mujeres.
Eso sí, esta ley requiere de un Consejo Nacional de la Mujer distinto al actual, técnica y políticamente fuerte y con el presupuesto que corresponde.
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