APOYAMOS DEMANDA URGENTE DE ABORTO TERAPEUTICO.
SOLIDARIDAD CON EL CASO DE KAREN ESPÍNDOLA
Chile es un país que no contempla ninguna causal de aborto impune, de tal forma que las mujeres no pueden interrumpir un embarazo aunque esté en riesgo su vida, aunque hayan sido violadas, o aunque el feto tenga malformaciones gravísimas e incompatibles con la vida. Esto implica una total violación de los derechos humanos sexuales y reproductivos. La democracia chilena mantiene así una deuda histórica con las mujeres pues se ha negado a reponer el aborto terapéutico, el que fue derogado en las postrimerías del gobierno de facto de Pinochet.
A la penalización total del aborto se suma, además, la penalización total del debate nacional al respecto, incluyendo los debates en el Parlamento nacional, ámbito que por su naturaleza debería abrirse a la diversidad de temas y posturas. La ley vigente, sin embargo, es un total fracaso legislativo. La mejor prueba de ello son las 160 mil mujeres que abortan clandestinamente cada año, con riesgo de vida y con peligro de ser denunciadas y encarceladas, lo que afecta preferentemente a las mujeres pobres, ya que la doble moral que impera en esta sociedad hipócrita, permite que las mujeres con recursos aborten con plena seguridad y sin arriesgar una condena social.
Hoy surge un nuevo caso que ejemplifica esta situación perversa, y por ello compartimos con ustedes esta declaración impulsada por una serie de organizaciones chilenas y regionales. La Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, que actualmente desarrolla en Chile un proyecto para articular vocerías ciudadanas en varias regiones del país, en torno a la urgente reposición del aborto terapéutico, se compromete con este llamado a la acción y pide la solidaridad de personas y organizaciones de todo el mundo.
Declaración Pública
El derecho de las personas a decidir libremente sobre su sexualidad y reproducción es un derecho humano reconocido en instrumentos jurídicos de valor universal. Esto implica, entre otras cosas, la libre opción sobre la maternidad de acuerdo a los propios proyectos y condiciones de vida.
Por lo tanto, las organizaciones de mujeres abajo firmantes solidarizamos con la demanda urgente de aborto terapéutico hecha por Karen Espíndola, quien a sus 23 años y con cinco meses de embarazo, enfrenta un diagnóstico de Oloprosencefalia, malformación fetal incompatible con la vida en la cual no hay desarrollo del cerebro, afectándose incluso el macizo facial. Reconociendo la magnitud del daño a su salud mental tanto por el diagnóstico como por la imposibilidad de acceder a la interrupción segura y legal del embarazo, Karen pide que se modifique una legislación que constituye una forma explícita de violencia y tortura impuesta por la institucionalidad, a la que interpela sin encontrar respuestas.
La reposición del aborto terapéutico, vigente en Chile hasta 1989 cuando fue derogado por el régimen dictadorial de Pinochet, es una deuda que esta democracia mantiene con los derechos humanos de las mujeres, a quienes se las obliga a cursar embarazos con riesgo de vida, cuando han sido violadas o cuando el feto presenta graves malformaciones, desconociéndolas totalmente como sujetas de derechos sobre sus cuerpos y sus vidas.
Demás está decir que la demanda de aborto legal también alude a muchas otras condicionantes sociales que moldean la experiencia reproductiva de las mujeres, tales como: pobreza, exclusión, marginación, violencia, falta de vivienda, desempleo, hacinamiento, falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, entre otras. Si una sociedad no ofrece las garantías necesarias para una maternidad protegida, valorada y reconocida, las mujeres continuaremos enfrentadas a la opción de interrumpir un embarazo no deseado o no previsto. Pero serán las más pobres las que accederán a procedimientos inseguros e insalubres y podrán ser denunciadas y encarceladas, lo que transforma al aborto en un grave problema de justicia social.
En consecuencia, exhortamos a los poderes públicos, en especial a la Presidenta Michelle Bachelet, a parlamentarios y parlamentarias, a revertir el vergonzoso rezago de Chile en esta materia. Las mujeres tenemos el derecho de escoger cuándo ser madres y cuántos hijos e hijas tener, e incluso el derecho a no tenerlos. Una maternidad no debe ser impuesta por mandatos culturales o religiosos ni por leyes castigadoras que, en la práctica, constituyen un gran fracaso legislativo: los 160 mil abortos clandestinos anuales que ocurren en el país son la mejor prueba de ello.
Santiago, 21 de octubre, 2008.
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