Abortar es un hecho común en la vida de muchas mujeres. El feminismo lucha por transformarlo en un derecho y lo ha conseguido en muchos países**. El destacado jurista francés Yann Thomas lo describe así: “En el derecho francés la mujer tiene el derecho unilateral a dar la vida porque tiene la libertad de abortar –unilateral y propia- en las primeras 12 semanas de embarazo. Es un derecho adquirido de las mujeres”. A nadie se le ocurre que alguien tiene derecho a nacer contra la voluntad de su madre.
Aunque la ilegalidad impide que sean registrados fehacientemente, en nuestro país ocurren alrededor de 482.000 abortos por año. Si comparamos esta cifra con los 736.261.000 nacimientos anuales, significa que por cada 1.5 embarazos hay 1 aborto.
La práctica del aborto indica la resistencia a aceptar que todo embarazo que no pudieron o supieron evitar, obliga a una maternidad que por variadas razones es imposible de asumir. En la interrupción voluntaria del embarazo se afirma que la maternidad es una decisión ética y no un destino biológico natural. Que la crisis de un embarazo involuntario motiva una consideración
ética del propio proyecto de vida y de las posibilidades subjetivas de asumirlo o no como proyecto maternal. La mujer embarazada es la única persona que puede decidir legítimamente si quiere o no continuar su gestación y hacerse cargo de sus implicancias. Ni la iglesia, ni el estado,
ni la corporación médica, ni nadie, pueden sustituirla, forzándola a cumplir como destino, una femineidad esencial representada por la maternidad incondicionada. Por el contrario, deben garantizarle medios para cumplir con su derecho a decidir sobre su vida. Y esta decisión debe prevalecer sobre cualquier otra consideración que merezca la existencia de un embrión, que
podría llegar a ser un hijo para ella, si sus circunstancias objetivas y subjetivas fueran otras. Cuando no lo es, se configura la situación de aborto. La vida en juego es la de la mujer. Esa es la que debe ser protegida, ya que no logró prevenir el embarazo involuntario que la pone en
riesgo, y padece la estigmatizació n y el peligro al que la condena la ilegalidad del aborto. Su deseo de hijo y la voluntad de realizarlo es imprescindible para humanizar un embrión. Esto requiere que, ante un embarazo que en conciencia una mujer juzga inviable, la IVE* sea legal y gratuita en los servicios públicos de salud.
No hace falta estar a favor del aborto para estar a favor de su legalización. Es una cuestión de democracia y de ejercicio del derecho de las mujeres a su autonomía personal para decidir si quieren o no tener un hijo. Las que decidan recurrir a él deberían ser libres de hacerlo sin estar
condenadas por la ilegalidad y la pobreza a poner en riesgo su libertad, su vida y su salud.
Aunque la ilegalidad impide que sean registrados fehacientemente, en nuestro país ocurren alrededor de 482.000 abortos por año. Si comparamos esta cifra con los 736.261.000 nacimientos anuales, significa que por cada 1.5 embarazos hay 1 aborto.
La práctica del aborto indica la resistencia a aceptar que todo embarazo que no pudieron o supieron evitar, obliga a una maternidad que por variadas razones es imposible de asumir. En la interrupción voluntaria del embarazo se afirma que la maternidad es una decisión ética y no un destino biológico natural. Que la crisis de un embarazo involuntario motiva una consideración
ética del propio proyecto de vida y de las posibilidades subjetivas de asumirlo o no como proyecto maternal. La mujer embarazada es la única persona que puede decidir legítimamente si quiere o no continuar su gestación y hacerse cargo de sus implicancias. Ni la iglesia, ni el estado,
ni la corporación médica, ni nadie, pueden sustituirla, forzándola a cumplir como destino, una femineidad esencial representada por la maternidad incondicionada. Por el contrario, deben garantizarle medios para cumplir con su derecho a decidir sobre su vida. Y esta decisión debe prevalecer sobre cualquier otra consideración que merezca la existencia de un embrión, que
podría llegar a ser un hijo para ella, si sus circunstancias objetivas y subjetivas fueran otras. Cuando no lo es, se configura la situación de aborto. La vida en juego es la de la mujer. Esa es la que debe ser protegida, ya que no logró prevenir el embarazo involuntario que la pone en
riesgo, y padece la estigmatizació n y el peligro al que la condena la ilegalidad del aborto. Su deseo de hijo y la voluntad de realizarlo es imprescindible para humanizar un embrión. Esto requiere que, ante un embarazo que en conciencia una mujer juzga inviable, la IVE* sea legal y gratuita en los servicios públicos de salud.
No hace falta estar a favor del aborto para estar a favor de su legalización. Es una cuestión de democracia y de ejercicio del derecho de las mujeres a su autonomía personal para decidir si quieren o no tener un hijo. Las que decidan recurrir a él deberían ser libres de hacerlo sin estar
condenadas por la ilegalidad y la pobreza a poner en riesgo su libertad, su vida y su salud.
Martha Rosenberg
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito
* Interrupción Voluntaria del Embarazo
** EEUU, Francia, España, Italia, Holanda, Inglaterra, Canadá, Australia,
Cuba, entre otros.
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