Declaración
Es, por lo menos, preocupante ver cómo en estos casos salen a la luz, prejuicios y discriminación hacia las mujeres que realizan las denuncias. Pensamos que es necesario cuestionarnos sobre las formas en que nombramos “al acusado” y a “las víctimas”.
Consideramos que el poder judicial determinará la inocencia o culpabilidad del ginecólogo acusado. Pero vemos con preocupación que durante este proceso la opinión pública ponga en duda o culpabilice a las víctimas.
El abuso sexual, y más el abuso en los consultorios, es difícil de probar por la intimidad en la que se lleva a cabo. Cuando las víctimas son mujeres parece que siempre es fácil cuestionar sus modos de vestir, su estado civil, su vida sexual, lo que tardó en “darse cuenta” de que fue abusada. Es decir, persistentemente es fácil creer que la mujer tiene cierta culpabilidad en el abuso, por acción u omisión. Nos hemos acostumbrado como sociedad a decir y escuchar frases como: “mirá como se visten, y después no quieren que les digan o hagan nada”; “¿por qué no dijo que no?”. Estas formas de ver encubren la violencia de género.
Las víctimas NO son culpables de lo que les sucedió; NO hicieron nada para que ello pase. El abuso sexual se sustenta en una relación previa de confianza hacia el abusador y en la desigualdad del poder que este ostenta con relación a la víctima. No hay provocación alguna. No importa quién sea la víctima, no importa cómo se vista, no importa qué diga. La persona que abusa ejerce su poder sobre la víctima y para esto utiliza la confianza que esta le tiene. La situación de abuso atormenta y desestabiliza. Por esto, no siempre se puede decir un “no” claro y fuerte.
Si las víctimas logran denunciar el abuso y luego la opinión pública las critica, las pone en duda o las hace culpables de lo que vivieron, entonces el abuso continua. Es un abuso social.
El acusado tiene derecho a no ser considerado culpable hasta que se lo demuestre. Las víctimas tienen derecho a que se respete su denuncia y a ser tratadas con el cuidado y la contención necesarias. No basta con preservar su identidad, es imprescindible preservar su integridad como personas y como ciudadanas.
A su vez, consideramos que no es apropiado que el acusado siga ejerciendo su profesión, puesto que esta se desarrolla en el ámbito en el que se ubican las denuncias. Esto no implica que el acusado sea considerado culpable a priori, sino que otorga la misma importancia a la acusación que a la defensa. Para algunas usuarias es un “buen profesional” para otras es “un abusador”, ante el riesgo que presenta esta última característica consideramos que el sistema judicial debería preservar la integridad de todas las mujeres que se atienden con él.
Por todo lo expuesto las organizaciones y grupos firmantes expresamos públicamente nuestra solidaridad con las mujeres denunciantes como víctimas de abuso sexual en el consultorio de Jorge Lescano, de la ciudad de Olavarría.
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH, delegación local)
Grupo de Facebook “Por la dignidad y el respeto de la mujer” (administración del grupo)
