El 28 de septiembre fue declarado el “Día por la Despenalización del aborto en América Latina y el Caribe” en el V Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe que se realizó en 1990 en Argentina. La elección del día se debió a que el 28 de septiembre de 1888 se declaró la Libertad de Vientres en Brasil, lo que implicaba que los hijos e hijas nacido/as de mujeres esclavas, serían libres. Al retomar ese día, hablamos de una nueva libertad de vientres, la que implica la elección de la mujer y su derecho a la salud.
En Argentina, los abortos clandestinos son la principal causa de mortalidad materna. En 2005, hubo 68.689 egresos por abortos en los hospitales del país (sin contar Salta y Tucumán que no suministraron sus datos)[1], esto quiere decir que por día hay 188 mujeres que egresan de los hospitales públicos por complicaciones por abortos. Debido a la clandestinidad de los mismos y basándose en este dato, se estipula que en Argentina se realizan 482.000 abortos por año[2]. Según los indicadores de natalidad del INDEC, en 2004 se registraron 736.261 nacimientos; por tanto cada dos nacimientos, se produce un aborto inducido. En el año 2006, según cifras del Ministerio de Salud, hubo 93 muertes de mujeres por abortos. Esto quiere decir que en Argentina, muere una mujer cada dos días por complicaciones de abortos inseguros. Por todo esto consideramos que la clandestinidad del aborto es un problema de salud pública.
La penalización del aborto no inhibe su práctica y sí favorece el incremento de muertes maternas. Según la Guía Técnica Nacional de Atención Integral de Abortos No Punibles, una aborto inseguro es “un procedimiento para finalizar un embarazo no deseado que realizan personas que carecen de entrenamiento necesario o que se lleva a cabo en un ambiente donde se carece de un estándar médico mínimo o ambos.” Estas condiciones las padecen, en su mayoría aquellas mujeres que no pueden acceder a un aborto seguro debido a sus costos. Por tanto, la penalización del aborto lo único que hace es favorecer el incumplimiento de los derechos de las mujeres.
No consideramos que el aborto sea una práctica deseada. Creemos que es necesario que se garanticen todos los medios para prevenir un embarazo no deseado: educación sexual integral (Ley 26.150) y anticoncepción gratuita (Ley 25.673). Aun así, esto siempre puede suceder y, en ese caso, ninguna mujer debe morir por decidir realizarse un aborto.
En Argentina, actualmente, hay abortos que son legales (los llamados “abortos no punibles”). Estos están estipulados en el artículo 86 del Código Penal para aquellos casos en los que corre riesgo la salud o la vida de la mujer y “si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto”. La interpretación de este último inciso que establece la no punibilidad del aborto en casos de violación ha generado polémicos debates que favorecieron al no cumplimiento de los derechos de las mujeres. Según la interpretación amplia y según la Guía Técnica Nacional de Atención Integral de los Abortos No Punibles, en Argentina cualquier mujer que quede embarazada tras una violación, puede solicitar un aborto. Las leyes están para ser cumplidas y nuestros derechos deben dejar de ser constantemente violados.
En semanas anteriores se estuvo debatiendo sobre dos casos de Mendoza, en los que dos menores de edad fueron abusadas, violadas y embarazadas por personas de su entorno familiar. En uno de los casos el aborto fue denegado y la chica terminó sufriendo un aborto espontaneo. En el otro caso, el que adquirió mayor relevancia, luego de recibir presiones de diferentes sectores que se autodefinen “a favor de la vida”, de las dilaciones del poder judicial, de que le fuera quitada la tenencia de la menor a su madre y de que la chica fuera retenida en el hospital “por su seguridad”; la menor desistió de realizarse el aborto. Bien por ella, si es lo que decidió. Ahora, cabe que nos preguntemos cómo se puede decidir en esas condiciones y cómo se cuidó la vida de esta niña de 12 años.
Ninguno de los dos casos deberían de haber llegado a instancias judiciales, puesto que la Guía Técnica antes mencionada estipula cuáles son los pasos a seguir ante la solicitud de un aborto. La denuncia por violación solo certifica por qué es pedido el aborto, si se utiliza para judicializar el caso lo único que se consigue es re victimizar a la víctima. Los/as médicos/as y cualquier personal del hospital y funcionario/a que por cuestiones de creencias y valores propios no estén de acuerdo con la práctica del aborto, lo deben hacer constar en una lista de objetores de conciencia. De esta manera ejercen su derecho a la libertad de conciencia y dejan que las demás personas también lo hagan. Los dogmas y doctrinas religiosas no pueden imponerse en un estado laico.
Las dilaciones en la resolución de los abortos no punibles, la no existencia de la lista de objetores de conciencia, la judicialización de los casos; no son hechos inocentes. Buscan que estos abortos no se lleven a cabo y se encubren bajo un manto que parece proteger la vida. Sin embargo, protege una y solo una concepción de vida, viola el derecho a la libertad de creencias y a la autonomía de las personas e incurre en un delito al impedir el cumplimiento de las leyes nacionales.
Los abortos no punibles son un derecho ya garantizado y como tal deben ser cumplidos; lo mismo sucede con la Educación Sexual Integral en las escuelas, con el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y con la Ley de Contracepción Quirúrgica. Sin embargo, a nivel nacional, provincial y local existen incumplimientos de estos derechos. Por qué sucede esto es algo que todas las personas deberíamos preguntarnos, puesto que implica que alguien está decidiendo por nosotras y nosotros y entonces nos está quitando autonomía. Las mujeres tenemos derecho a decidir sobre la continuidad de un embarazo según nuestros proyectos de vida. La maternidad debe ser una elección.
El Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe es un símbolo de lucha social por que nuestros derechos sean cumplidos, porque todas las personas podamos decidir con libertad sobre nuestros propios cuerpos y porque las inequidad social deje de existir, a partir de que todos y todas podamos tener las mismas posibilidades de acceso a la salud.
Como integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito seguiremos impulsando el debate político por la despenalización y la legalización del aborto en Argentina.
En Argentina, los abortos clandestinos son la principal causa de mortalidad materna. En 2005, hubo 68.689 egresos por abortos en los hospitales del país (sin contar Salta y Tucumán que no suministraron sus datos)[1], esto quiere decir que por día hay 188 mujeres que egresan de los hospitales públicos por complicaciones por abortos. Debido a la clandestinidad de los mismos y basándose en este dato, se estipula que en Argentina se realizan 482.000 abortos por año[2]. Según los indicadores de natalidad del INDEC, en 2004 se registraron 736.261 nacimientos; por tanto cada dos nacimientos, se produce un aborto inducido. En el año 2006, según cifras del Ministerio de Salud, hubo 93 muertes de mujeres por abortos. Esto quiere decir que en Argentina, muere una mujer cada dos días por complicaciones de abortos inseguros. Por todo esto consideramos que la clandestinidad del aborto es un problema de salud pública.
La penalización del aborto no inhibe su práctica y sí favorece el incremento de muertes maternas. Según la Guía Técnica Nacional de Atención Integral de Abortos No Punibles, una aborto inseguro es “un procedimiento para finalizar un embarazo no deseado que realizan personas que carecen de entrenamiento necesario o que se lleva a cabo en un ambiente donde se carece de un estándar médico mínimo o ambos.” Estas condiciones las padecen, en su mayoría aquellas mujeres que no pueden acceder a un aborto seguro debido a sus costos. Por tanto, la penalización del aborto lo único que hace es favorecer el incumplimiento de los derechos de las mujeres.
No consideramos que el aborto sea una práctica deseada. Creemos que es necesario que se garanticen todos los medios para prevenir un embarazo no deseado: educación sexual integral (Ley 26.150) y anticoncepción gratuita (Ley 25.673). Aun así, esto siempre puede suceder y, en ese caso, ninguna mujer debe morir por decidir realizarse un aborto.
En Argentina, actualmente, hay abortos que son legales (los llamados “abortos no punibles”). Estos están estipulados en el artículo 86 del Código Penal para aquellos casos en los que corre riesgo la salud o la vida de la mujer y “si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto”. La interpretación de este último inciso que establece la no punibilidad del aborto en casos de violación ha generado polémicos debates que favorecieron al no cumplimiento de los derechos de las mujeres. Según la interpretación amplia y según la Guía Técnica Nacional de Atención Integral de los Abortos No Punibles, en Argentina cualquier mujer que quede embarazada tras una violación, puede solicitar un aborto. Las leyes están para ser cumplidas y nuestros derechos deben dejar de ser constantemente violados.
En semanas anteriores se estuvo debatiendo sobre dos casos de Mendoza, en los que dos menores de edad fueron abusadas, violadas y embarazadas por personas de su entorno familiar. En uno de los casos el aborto fue denegado y la chica terminó sufriendo un aborto espontaneo. En el otro caso, el que adquirió mayor relevancia, luego de recibir presiones de diferentes sectores que se autodefinen “a favor de la vida”, de las dilaciones del poder judicial, de que le fuera quitada la tenencia de la menor a su madre y de que la chica fuera retenida en el hospital “por su seguridad”; la menor desistió de realizarse el aborto. Bien por ella, si es lo que decidió. Ahora, cabe que nos preguntemos cómo se puede decidir en esas condiciones y cómo se cuidó la vida de esta niña de 12 años.
Ninguno de los dos casos deberían de haber llegado a instancias judiciales, puesto que la Guía Técnica antes mencionada estipula cuáles son los pasos a seguir ante la solicitud de un aborto. La denuncia por violación solo certifica por qué es pedido el aborto, si se utiliza para judicializar el caso lo único que se consigue es re victimizar a la víctima. Los/as médicos/as y cualquier personal del hospital y funcionario/a que por cuestiones de creencias y valores propios no estén de acuerdo con la práctica del aborto, lo deben hacer constar en una lista de objetores de conciencia. De esta manera ejercen su derecho a la libertad de conciencia y dejan que las demás personas también lo hagan. Los dogmas y doctrinas religiosas no pueden imponerse en un estado laico.
Las dilaciones en la resolución de los abortos no punibles, la no existencia de la lista de objetores de conciencia, la judicialización de los casos; no son hechos inocentes. Buscan que estos abortos no se lleven a cabo y se encubren bajo un manto que parece proteger la vida. Sin embargo, protege una y solo una concepción de vida, viola el derecho a la libertad de creencias y a la autonomía de las personas e incurre en un delito al impedir el cumplimiento de las leyes nacionales.
Los abortos no punibles son un derecho ya garantizado y como tal deben ser cumplidos; lo mismo sucede con la Educación Sexual Integral en las escuelas, con el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y con la Ley de Contracepción Quirúrgica. Sin embargo, a nivel nacional, provincial y local existen incumplimientos de estos derechos. Por qué sucede esto es algo que todas las personas deberíamos preguntarnos, puesto que implica que alguien está decidiendo por nosotras y nosotros y entonces nos está quitando autonomía. Las mujeres tenemos derecho a decidir sobre la continuidad de un embarazo según nuestros proyectos de vida. La maternidad debe ser una elección.
El Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe es un símbolo de lucha social por que nuestros derechos sean cumplidos, porque todas las personas podamos decidir con libertad sobre nuestros propios cuerpos y porque las inequidad social deje de existir, a partir de que todos y todas podamos tener las mismas posibilidades de acceso a la salud.
Como integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito seguiremos impulsando el debate político por la despenalización y la legalización del aborto en Argentina.
Ps: Por lluvia se suspendió la actividad de ayer... la pasamos para el domingo que viene ( 5 de octubre) l@s esperamos!!
Por Alejandra Ciriza *
